Dando cumplimiento al decreto presidencial que instruye la liberación de personas en prisión preventiva en el ámbito federal por delitos no graves, el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), en coordinación con el Poder Judicial de Baja California Sur, llevó a cabo la liberación de diez Personas Privadas de su Libertad (PPL), en los cuatro Centros Penitenciarios de la entidad, dio a conocer el titular de la dependencia estatal, Javier López García.

El funcionario de seguridad,  detalló que esta acción se realizó de manera simultánea en los cuatro centros penitenciarios del estado, siendo beneficiados, cuatro PPL del penal de La Paz, cuatro del penal de San José del Cabo, uno de Cd. Constitución y uno del penitenciario de Santa Rosalía.

“Para llevar a cabo este proceso, se realizó un análisis de los expedientes de las personas internas en la entidad, siendo un total de 10 PPL que cumplían con lo establecido en el decreto, como es el haber cumplido con más del 50% de la pena que les fue impuesta, así como los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, observando un comportamiento ejemplar en los programas enfocados a la reinserción social para su correcto regreso a la sociedad”, resaltó el funcionario.

El titular de la SSPE, recordó que el decreto presidencial ordena la liberación de personas privadas de su libertad que han pasado más de 10 años sin sentencia, que comprueben mediante el “Protocolo de Estambul” haber sido víctima de tortura, así como personas mayores de 65 años, con enfermedades crónico degenerativas y que no hayan cometido delitos graves, los cuales podrán llevar su proceso en domicilio, por lo que dijo, en cumplimiento a ello es que se realizó la liberación de estas 10 personas, quienes ahora se han reincorporado a la sociedad, a su comunidad y a su familia.

Finalmente, el Secretario de Seguridad reiteró el compromiso de continuar trabajando para preservar la paz y el orden, a través de una labor conjunta y compartiendo la visión nacional que tiene como prioridad, la protección de los derechos humanos y de la justicia de todos los ciudadanos y ciudadanas de BCS.