“La más alta encomienda que posee el Gobierno de Baja California Sur es proteger la vida y salud de las personas, de ahí que haya publicado un decreto para prorrogar hasta el 30 de mayo la declaratoria de emergencia sanitaria para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19”, estableció el mandatario sudcaliforniano, Carlos Mendoza Davis al encabezar la sesión permanente del Comité Estatal de Seguridad en Salud.
En el encuentro con autoridades de todas las dependencias de salud pública en la Entidad, el ejecutivo estatal subrayó, que ante el desafío que plantea esta pandemia, es conveniente ampliar el periodo de vigencia de dicha declaratoria que, entre otros aspectos, dispone la suspensión temporal de todo evento que implique la concentración de persona sin importar el aforo ni el espacio donde se lleven a cabo.
Acompañado por el secretario de Salud en la Entidad, Víctor George Flores, el gobernador destacó que en el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, se refuerzan las acciones de mitigación comunitaria, que consisten en el resguardo domiciliario de la población, con la salvedad de quienes desarrollan actividades esenciales como en rubros de salud, seguridad y protección ciudadana, así como aquellas relacionadas con sectores fundamentales de la economía, mismas que están previstas en la declaratoria de emergencia emitida el pasado 31 de marzo.
Además, se restringe el tránsito de personas a solamente traslados individuales, así como el uso obligatorio de cubrebocas para los ciudadanos que poseen síntomas respiratorios relacionados con el COVID. Quienes incumplan con estas medidas se harán acreedores a multas y arrestos de hasta por 36 horas, o en su caso realizar durante tres días trabajo social relacionado con esta contingencia.
Mendoza Davis puntualizó que, este nuevo decreto, fortalece las medidas de distanciamiento social, así como aquellas acciones que deben tomarse en caso de que se registre algún hecho que vaya en contra de la integridad de los trabajadores de la salud, “eso en Baja California Sur no lo vamos a permitir, y si llega a suceder, se aplicará toda la fuerza de la ley al responsable. Desde el médico, la enfermera, hasta el trabajador de intendencia, deben saber que aquí son valorados, protegidos y reconocidos, por lo que, al enfrentar alguna situación de violencia deben hacerlo saber, pues lo que menos merecen es ingratitud de todos”, aseguró.
Al extender la vigencia de estas acciones de contención se busca reducir la velocidad de contagios generalizados por esta enfermedad, con el objetivo de evitar la saturación de los hospitales que pudiera limitar, incluso anular, el acceso a la atención médica oportuna para las personas que enfrenten complicaciones al enfermar de COVID-19, comentó Mendoza Davis al recordar que a través del programa de reconversión hospitalaria, el sector salud del Estado, cuenta ya con 350 camas disponibles para la atención especial y aislada de pacientes con esta infección. También se poseen 147 ventiladores volumétricos y están en próximos a llegar 95 más, con lo que se tendrá en breve un total de 242.
