El atentado contra el secretario de Seguridad Ciudana de la capital mexicana «ejemplifica el grado de impunidad que ha alcanzado el crimen organizado», indicaron los legisladores del PRD.
La Cámara de Diputados se sumó este viernes como prácticamente todas las esferas políticas y sociales de México en la enérgica condena contra el ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por presuntos miembros del crimen organizado.
Al mismo tiempo, la oposición en la Cámara Baja pidió reconsiderar a las autoridades federales su estrategia de seguridad, la cual ha sido uno de los temas más criticados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que los índices de violencia e inseguridad han crecido en los últimos años sin pausa, sumado a este hecho inédito para la capital mexicana.
El cuerpo legislativo, que tiene mayoría de Morena, el partido de López Obrador, se solidarizó con el gobierno de la Ciudad de México y con su jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señalando que tanto el mandatario federal como la alcaldesa han emprendido “un decidido combate a la delincuencia y ha desarrollado una estrategia integral para revertir el deterioro a la seguridad que había en la capital del país”.
Este artero ataque es una cobarde reacción del crimen organizado que cuando ve afectada su estructura económica y es investigado y perseguido conforme a derecho, acude como recurso a la violencia extrema
García Harfuch, que resultó herido pero, tras ser operado, se encuentra estable y fuera de peligro, acusó al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de haber sido el responsable del atentado fallido, donde murieron dos elementos policiacos y una mujer que fue alcanzada por el fuego y que no estaba relacionada con la escena, ocurrida en el corazón de la Ciudad de México la mañana de este viernes.
En el mismo tono que la comunicación oficial de la Cámara de Diputados, la legisladora Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, aseguró que el atentado fue “un intento por frenar la labor de un funcionario que se ha caracterizado por su profesionalismo y trabajo dedicado en favorecer las condiciones de paz y seguridad”.
“Aunque es preciso reconocer que la situación de inseguridad en el país no es fácil, estos hechos son muestra clara de que el gobierno está tomando las decisiones correctas en materia de seguridad. Es evidente que se están trastocando los intereses de la delincuencia y combatiendo las causas generadoras de delitos y que ello propicia reacciones como ésta por parte del crimen”, añadió.
Sin embargo, la oposición no fue tan generosa con los elogios. El diputado del PAN (Partido Acción Nacional), Luis Mendoza Acevedo, destacó el “trabajo ejemplar” de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a lo largo de la gestión de García Harfuch, ya que “ha existido firmeza en las labores de inteligencia para frenar los embates de la inseguridad”.
Sin embargo, Mendoza Acevedo indicó que ve una “irresponsabilidad del presidente López Obrador, quien tuvo la acertada idea de exhibir el jueves en conferencia de prensa, los nombres y fotos de líderes criminales en la Ciudad de México, situación que puso en alerta a los cárteles”.
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, la principal oposición en el Congreso, exigió por su parte un cambio de dirección, ya que “la estrategia de apaciguamiento contra la delincuencia organizada, por parte del gobierno federal, ha sido un fracaso y se tiene que rectificar el rumbo”.
A este pedido se sumó también el PRD (Partido de la Revolución Democrática), quienes especificaron que “atentados como estos ejemplifican el grado de impunidad que ha alcanzado el crimen organizado” y reiteraron su llamado al gobierno Federal a “revisar la política pública de seguridad, particularmente el funcionamiento de los órganos de inteligencia”.
También insistieron en su llamado “urgente e inaplazable” a la sociedad para rechazar cualquier acción que tenga como objetivo final generar desconcierto, temor o intimidación y favorecer, consecuentemente, la impunidad de quienes, amparados por la violencia, lesionan al país.