La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, ve una acción orquestada en los fuegos. Los fiscales no se pronuncian acerca de las alertas que ignoró la Fuerza Nacional de Seguridad Pública

En el negocio millonario de las quemas en la Amazonia, prenderle fuego a un área de 1.000 hectáreas vale cerca de un millón de reales (unos 220.000 euros) en el mercado negro. Este cálculo, que aplicado a la cuenta de la devastación en el presente año en la selva amazónica y en parte del Pantanal ascendería a 20 millones de reales o 4,3 millones de euros, forma parte de una investigación de la Fiscalía federal de Brasil para determinar la participación de grupos de delincuentes en los incendios, los más intensos en la zona en al menos cinco años. “Existe la sospecha de una acción orquestada y de una actuación que ha sido largamente trabajada para llegar a este resultado”, afirmó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, que reunió en Brasilia al equipo especial de fiscales que investiga los delitos que han tenido lugar en la Amazonia Legal, zona que abarca 61% del área del país.

Uno de los actos que están en el marco de la investigación del Ministerio Fiscal es el “Día del Fuego”, un evento organizado por productores rurales, sindicalistas, grileiros, el nombre dado a los usurpadores de tierras públicas, y comerciantes con el objetivo de arrasar parte de la selva y plantar pasto, conforme se anunció en un diario local del interior del Estado de Pará el 5 de agosto. Un reportaje del programa de televisión Globo Rural mostró que un grupo de al menos 70 personas de las ciudades de Altamira y Novo Progresso —ambas pertenecientes al Estado de Pará y ubicadas en una de las zonas con mayor repunte de incendios— acordó el acto delictivo vía WhatsApp. El objetivo era, el 10 de agosto, deforestar un área circundante a la carretera BR-163 y demostrarle al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro que apoyan sus planes de rebajar los controles que lleva a cabo el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), el principal órgano de fiscalización ambiental del país.

Fue el propio Ministerio Fiscal Federal del interior de Pará quien alertó sobre los riesgos del «Día del Fuego». Documentos indican que el fiscal Paulo de Tarso Moreira Oliveira le comunicó al IBAMA dichos planes delictivos. El IBAMA respondió, días más tarde, diciendo que no podía actuar debido a la falta de seguimiento de la Policía Militar de Pará y porque la Fuerza Nacional de Seguridad, bajo las órdenes del Ministerio de Justicia de Sergio Moro, había hecho caso omiso a las solicitudes de apoyo.

Los fiscales del equipo especial para Amazonia evita responsabilizar al Gobierno Bolsonaro sobre el caso, pese a las advertencias que recibieron. “El Ministerio Público mira hacia delante”, dijo la fiscal general, Raquel Dodge. Por su parte, el fiscal Joel Bogo afirmó que el objetivo principal es encontrar a los autores de los delitos. “Nuestro papel constructivo es el de estimular a los organismos del Gobierno, no solo a los del federal, sino también a los de los gobiernos estatales”, dijo Bogo, uno de los miembros del equipo especial creado por la Fiscalía General de Brasil hace un año.

“Sí, son los miembros de organizaciones criminales quienes realizan la deforestación ilegal de grandes proporciones, incluso mediante financiación”, explicó el fiscal. “Los fuegos son reflejo del aumento de la deforestación. La quema aumenta porque la frontera agrícola se está expandiendo», completó el fiscal destinado en Rio Branco, en el estado de Acre, divisa con Bolívia.

Después de que se emitiera el reportaje de Globo Ruralsobre el «Día del Fuego», Bolsonaro ordenó que la Policía Federal también pasase a investigar el caso. En las redes, simpatizantes y aliados del presidente, como el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, destacaron las palabras de una ganadera que acusaba, sin aportar pruebas, a los funcionarios del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO, un organismo del propio Gobierno) de provocar incendios en la selva. La acusación de esta productora rural se hacía eco del discurso de Bolsonaro, en el que el presidente insinuó, sin tampoco presentar pruebas, que las ONG estarían prendiéndole fuego a la Amazonia.

El Ministerio Público Federal enseguida descartó esta sospecha. “No existe el menor indicio de participación de oenegés”, destacó el coordinador de la Cámara de Medio Ambiente de Ministerio Público Federal, Nívio de Freitas. Para él, de lo que se sabe hasta la fecha, la principal línea de investigación es la de que los invasores de tierras públicas sean los responsables de los delitos.

El gobierno también determinó reducir la vigilancia que realizaban los agentes de IBAMA y del ICMBIO. En abril, durante un discurso en una feria agropecuaria en Ribeirão Preto (estado de São Paulo), Bolsonaro dijo que pretendía hacer “una limpieza” en los dos organismos encargados de la supervisión y preservación ambiental. “Alrededor del 40% de las multas que se imponían en el campo, en gran parte, servían para retroalimentar una vigilancia chiita, que únicamente buscaba atender nichos que no ayudaban al medioambiente ni mucho menos a los que producen”, dijo entonces.

La política mediambiental de Bolsonaro y también su retórica sobre el tema hace peligrar los recursos internacionales en el tema de la preservación de la floresta. Hace algunas semanas, Noruega y Alemania han anunciado la congelación de ayudas del Fondo Amazonia, el mecanismo de cooperación internacional que aporta recursos para reducir los gases de efecto invernadero por la deforestación. La problemática ha ganado el status de crisis diplomática en la última semana, especialmente entre Francia, que ha puesto en le tema de Amazonia en la cumbre del G7 en Biarritz, y Brasil presidente brasileño. El Gobierno brasileño anunció en la noche del lunes que rechazaba la  ayuda económica aprobada por el G7 para combatir los incendios en la Amazonia, bajo la iniciativa del francés, Emmanuel Macron. El Gobierno brasileño anunció en la noche del lunes que rechazaba estos fondos, pero la recusa fue matizada por Bolsonaro el martes, quien ha condicionado la aceptación de la ayuda a que Macron le pida disculpas por haberle llamado mentiroso y por tratar a la soberanía de la Amazonia como un tema internacional.

Bajo presión, el Gobierno brasileño ha decidido reforzar el combate al incendio en la región norte con el despliegue de 43.000 militares. Hasta el momento, siete de los nueve estados de la Amazonia Legal han solicitado la ayuda de tropas federales para extinguir los focos. En ese martes, los gobernadores de la región han cobrado de Bolsonaro un plan concreto de acción: “Hemos estado perdiendo mucho tiempo hablando de Macron”, dijo Helder Barbalho, gobernador de Pará.

Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/08/27/actualidad/1566864699_526443.html